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Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA

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El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a otros 12 imputados en la causa que recientemente unificó, donde se les acusa de encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum con Irán.

El expediente se inició por la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman días antes de que fuera hallado muerto en el departamento donde vivía en Puerto Madero.

A su vez, Bonadio dispuso la prohibición de salida del país para todos los imputados.

La ex Presidenta deberá presentarse en su juzgado el 26 de octubre, cinco días después de las elecciones en las que es candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires.

Las indagatorias comenzarán el 17 de octubre, fecha en la que está citado el ex canciller Héctor Timerman. Al día siguiente deberán comparecer el dirigente Yussuf Khalil, el espía Ramón Allan Bogado y el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche.

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El 19 están citados Luis D’Elía y el ex funcionario de la Cancillería Luis Zuain; el 20, los ex secretarios de Timerman, Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado; el 23 Alberto D’Alotto y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el 24 el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli y el número dos de Inteligencia, Juan Martín Mena; el 25 la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y el dirigente de La Cámpora, Andrés “el Cuervo” Larroque.

El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado al juez Bonadio la declaración indagatoria de la ex presidenta y del ex canciller Héctor Timerman, al dar por sentado que existió un “plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento” por ambos para “dotar de impunidad” a los ciudadanos iraníes que tenían captura internacional pedida a Interpol por el atentado a la AMIA.

La ex presidenta y los ex funcionarios de su gobierno están imputados por “encubrimiento agravado” ya que el atentado a la AMIA se considera un delito de lesa humanidad y por sus cargos como funcionarios públicos.

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